Portada de "Granada contra el Ruido" Ilustraciones y opiniones

Ayuntamiento de Granada Sr. Alcalde Sr. Concejal Delegado del Área de Desarrollo Local, Economía y Hacienda Sr. Concejal Delegado del Área de Medio Ambiente, Salud y Consumo Sr. Concejal Delegado del Área de Cultura, Turismo y Deportes Sr. Concejal Delegado del Área de Tráfico, Transportes y Protección Ciudadana Sr. Concejal Delegado del Área de Planificación Urbanística y Obras Municipales Sr. Jefe de la Policía Local Diputación Provincial Sr. Presidente Sr. Diputado - Delegado de Medio Ambiente Delegados de la Junta de Andalucía Sr. Delegado de Medio Ambiente Sr. Delegado de Gobernación Sr. Delegado de Salud Administración del Estado Sr. Subdelegado del Gobierno en Granada Sr. Jefe Provincial de Tráfico Sr. Jefe Provincial de la Guardia Civil de Tráfico Junta de Andalucía Sr. Consejero de Salud Sr. Consejero de Medio Ambiente Sr. Consejero de Gobernación y Justicia

Con copia a:

Sr. Presidente de la Junta de Andalucía Sr. Presidente del Parlamento Andaluz Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sr. Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sr. Defensor del Pueblo Andaluz Sr. Defensor del Pueblo Español

Notas 1: Véanse, por ejemplo: El informe del Defensor del Pueblo Andaluz, de mayo de 1996 sobre contaminación acústica en Andalucía derivada de actividades recreativas y consumo de bebidas en las vías públicas, un tema conexo. El informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de finales de 1996 sobre las Repercusiones Sociales y Económicas de los Niveles de Ruido en las Principales Ciudades de Andalucía. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de Diciembre de 1994, condenando al Estado Español por violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos según el cual toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar. (Volver al texto) 2: De hecho, no se trata de la protección de la fauna y flora, ni de la preservación de los recursos naturales. (Volver al texto) 3: No me resisto a mencionar el dato de que el precio de venta al público de un sonómetro es de unas 40.000 ptas. y comparar mentalmente esta cifra con la que se han gastado las Administraciones Públicas en la adquisición del edificio del Rey Chico, ¡sin saber a qué lo van a dedicar! (Volver al texto) 4: Se ha dicho en algún sitio que la única forma práctica de comerse un elefante es "a rodajas".

Granada, 10 de Septiembre de 1999

Petición dirigida por
        Francisco Morales Delgado
        San Marcos, 5, 2º E
        18005 GRANADA
        Teléfono: 958 52 36 03

A: Las autoridades citadas al margen

Sobre el ruido producido por las motos en la ciudad de Granada

Me dirijo personalmente a ustedes en demanda de que, tanto individual como colectivamente, tomen acciones efectivas para la solución del problema de referencia.

Dos ejemplos de inacción e ineficacia Primero: El 9 de Junio de 1998 me dirigí al Defensor del Pueblo Andaluz quejándome sobre el problema arriba indicado. El 30 del mismo mes, me contestó, en esencia, lo que sigue: Que ya había iniciado y concluido de oficio actuaciones (95/3385) sobre este asunto. Que admitía a trámite mi queja a los solos efectos de considerarme parte y de trasladarme las recomendaciones formuladas por él al Ayuntamiento de Granada con fecha 10 de Diciembre de 1997. Que el Ayuntamiento aún no había contestado a sus recomendaciones. Que informaría de ello al Parlamento de Andalucía. Segundo: A mediados de Septiembre de 1998, probablemente como consecuencia de las muchas quejas y comentarios aparecidos en los medios de comunicación, el Ayuntamiento anunciaba medidas para la resolución inmediata del problema, entre ellas la publicación de una nueva ordenanza al respecto. Dicha ordenanza fue por fin publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 5 de Marzo de 1999. El nivel de ruidos producidos por las motos, especialmente de noche , sigue siendo hoy, un año después, insoportable.

Entiendo que todos ustedes tienen responsabilidades en este asunto. Unos por su obligación directa de velar por el orden público y por la salud de los ciudadanos; otros por tener en su mano, o poder obtener, los medios humanos, jurídicos o materiales necesarios para actuar sobre él eficazmente, y otros, porque el problema afecta de forma indirecta, pero significativa a sus áreas de competencia tales como el desarrollo económico y turístico de la ciudad.

Las autoridades locales están directamente implicadas en el problema. Igualmente las provinciales y las de tráfico puesto que los vehículos que lo causan proceden muchas veces de otras localidades que también lo soportan y circulan por vías interurbanas sometidas a su vigilancia. Y son responsables tanto el Poder Legislativo, si es que faltasen normas adecuadas como el Ejecutivo que debería hacerlas cumplir, y el Judicial al que corresponde la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos y el Ministerio Fiscal que ha de promover, incluso de oficio, la acción de la justicia en defensa de dichos derechos y del interés público.

Quiero decirles, con el debido respeto y haciendo expresamente las salvedades que correspondan, pero también de forma clara y firme que no están ustedes cumpliendo con sus responsabilidades. Los dos ejemplos incluidos en el recuadro ilustran la anterior afirmación.

En rigor, aquí podría terminar este escrito ya que cada uno de ustedes (y no digamos todos juntos) tienen medios y capacidad de sobra para definir y analizar con precisión el problema, sus efectos y los medios necesarios para resolverlo, así como para poner en práctica las correspondientes soluciones. De hecho, los análisis están ya realizados y publicados (en algunos casos, paradójicamente, por algunas de las instituciones a las que ustedes pertenecen) (Ver nota 1) .   Ni faltan tampoco normas aplicables, desde la Constitución a las Ordenanzas Municipales, pasando por el Código de Circulación, la Ley de Defensa del Medio Ambiente y el Código Penal.

No es, por lo tanto, análisis ni normas lo que falta sino acción, acción eficaz por parte de ustedes.

Pero el ciudadano que esto suscribe no puede detenerse aquí. No puede, en primer lugar, porque la democracia es participación y el papel de los ciudadanos no debe ceñirse al de meros peticionarios ante los poderes públicos, aun cuando lo que se pide sea (como en este caso) de estricta justicia. Y en segundo lugar, porque tiene por costumbre personal desde hace tiempo entender (o al menos intentar entender) lo que ocurre a su alrededor, especialmente si le afecta, y no limitarse a señalar culpables con el dedo.

Compartiré, pues, con ustedes algunas consideraciones que dividiré en tres partes:

• El problema en sí mismo
• La inacción de las autoridades ante él
• La actitud de los ciudadanos

El problema en sí mismo

1. Tratarse de una agresión física directa, realizada de forma voluntaria, que no solamente atenta de forma genérica al derecho del ciudadano a la salud sino que, específicamente, dificulta y llega a impedir el descanso y el sueño, produce lesiones auditivas muchas veces incurables y situaciones de estrés de efectos importantes.
2. Ser una agresión gratuita , es decir, no depara al agresor beneficio alguno o, dicho con otras palabras, no se trata de una colisión de derechos ya que la agresión deriva directamente del incumplimiento del Código de Circulación y de otras normas, e incluso de la modificación intencionada del vehículo con objeto de que produzca los ruidos en cuestión .
3. Ser una intromisión en el domicilio del agredido al que impide la realización pacífica de actividades normales tales como conversar, leer, concentrarse en el trabajo, escuchar música, etc.
4. Afectar a la mayoría de los ciudadanos tal como se ha puesto de manifiesto tanto en los resultados de los estudios realizados como por las repetidas quejas publicadas en los medios de comunicación y constituir, por lo tanto, un problema de orden público .
5. Estar causado por un colectivo amplio , aunque también minoritario, de ciudadanos que, según una opinión muy extendida que comparto, cometen de forma habitual otras infracciones de las normas de tráfico que también atentan, aunque de forma menos grave, contra la seguridad vial y a la convivencia.
6. Tener un efecto negativo importante sobre el desarrollo económico y social al hacer progresivamente inhabitable la ciudad, estimulando por lo tanto su abandono en busca, muchas veces infructuosa, de lugares más tranquilos donde vivir e impidiendo el crecimiento de un turismo de estancia mucho más rentable y menos degradante para el ambiente urbano y para nuestro patrimonio, por citar sólo dos ejemplos.
7. Ser creciente en el tiempo .

La inacción de las autoridades ante el problema

En primer lugar, hay que descartar que la causa principal sea que no tengan ustedes interés en resolver los problemas que afectan a los derechos de los ciudadanos. Podría ser así en algún caso pero pienso que no de forma generalizada.

Más probable es que muchos de ustedes tengan la impresión de que el tema "no es para tanto" , de que se trata de "simples molestias". Es interesante mencionar, a este respecto lo que dice el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe antes citado: " yo mismo confieso que al dirigir en 1992, como Adjunto Primero de la Institución, este tipo de quejas no era consciente de la importancia y extensión de lo que, de forma simplificada, denominamos "las quejas por molestias de ruidos". Más tarde fui comprendiendo, a través de las cartas de las familias afectadas, la importancia de esta auténtica agresión a la intimidad familiar, a la convivencia de las familias, a la perturbación del descanso, sobre todo, nocturno, hasta llegar, en ocasiones, a la depresión y al abandono de sus propios domicilios".

Una forma sutil de minimizar el tema es encasillarlo dentro de alguna especialidad a la que verbalmente se le da gran importancia y, con frecuencia, muy poca en la práctica, por ejemplo: "esto es un tema de los de medio ambiente" . Y no es un tema de los de medio ambiente (Ver Nota 2) , ni de ninguna otra especialidad regulada con mayor o menor precisión mediante normas de rango técnico: es un tema de orden público y de protección de derechos fundamentales de los ciudadanos .

Algunos de ustedes tendrán la sensación de no disponer de los medios materiales y humanos necesarios. Pero de lo que realmente se trataría es de que la poca importancia atribuida al tema ocasiona una definición errónea de prioridades que, a su vez, lleva a una insuficiente asignación de recursos. (Ver Nota 3)  

En sentido contrario, el problema puede quizá percibirse como imposible de resolver por haberlo encuadrado dentro de otro mayor del que "se sabe" que tiene difícil solución: por ejemplo, el crecimiento del tráfico, o la falta de educación cívica, o el problema general del ruido urbano, etc. Sin embargo, la experiencia nos enseña a todos que para resolver un problema conviene proceder en sentido contrario: dividirlo en fracciones abarcables, concentrarse en una de ellas y resolverla, y proceder así sucesivamente con las demás. (Ver nota 4)  

La misma percepción de imposibilidad podría quizá también deducirse del hecho de que el problema afecta a otros muchos lugares. Si damos por sentado que " esto ocurre en todas partes ", parece que se justifica con facilidad nuestra inacción. Pero esto no ocurre en todas partes. Ni puede darse por supuesto que se trata de una desgraciada consecuencia del progreso , puesto que donde menos ocurre es donde más progreso hay.

Alguno posiblemente opine que se necesitan leyes más estrictas y regulaciones más precisas, opinión que es compartida en parte por el que esto suscribe. Sin embargo, sería aberrante usar este argumento para no cumplir y hacer cumplir las ya existentes .

Por mi parte, creo que se trata de una combinación de todas las causas mencionadas, una de cuyas consecuencias más lamentables es la falta total de motivación de los agentes de la autoridad que ignoran olímpicamente el asunto como si no fuera con ellos.

La actitud de los ciudadanos

1. Aguantarse, dejando que sus derechos sean conculcados y padeciendo, con mayor o menor resignación, las consecuencias.
2. Huir del problema, bien sea blindando su vivienda con dobles o triples cristales, bien trasladando su residencia a algún lugar donde, por el momento, el problema no exista. Naturalmente, esta vía que es una variante de la anterior, no se la pueden permitir todos.
3. Dirigirse a una o varias de las autoridades responsables por los cauces formales existentes con la esperanza (probablemente vana) de que "alguien haga algo".
4. Intentar, en la medida de sus posibilidades, reforzar el clima de opinión pública existente para ejercer presión sobre los responsables.

PD. Me pongo muy sinceramente a disposición de cada uno de ustedes para, en lo que pueda estar en mi mano, colaborar en la resolución del problema de referencia.